Ante la desinformación que
circula en redes sociales respecto al contrato del servicio de logística para
reuniones, actos y ceremonias protocolarias de la Asamblea Nacional, los
técnicos responsables de llevar adelante este proceso administrativo, a través
de una rueda de prensa, aclararon a los medios de comunicación y por medio de
ellos a la ciudadanía, que el proceso que es para un año en previsión de
actividades debidamente planificadas, fue llevado con total transparencia y
apegado al procedimiento normativo vigente, el mismo que es común en todas las
instituciones del Estado, y se encuentra en el portal del Servicio Nacional de
Contratación Pública (Sercop), y en la sección de transparencia de la página de
la Asamblea.
Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales del Legislativo, mencionó que el desglose de los rubros
engloba una serie de componentes, incluidos los costos referenciales de
alimentación y, sobre todo, de logística.
Enfatizó que el monto del contrato cubre todos los eventos que realiza la
Asamblea durante un año, en las distintas provincias del país, lo cual implica
que el proveedor brindará todos los servicios requeridos que constan en el
portal de compras públicas, contratando la logística y la alimentación en
territorio. Además, aclaró que este tipo de contrataciones no es exclusivo de
la Asamblea Nacional y, menos aún, de la actual administración del Legislativo.
Por su parte, el coordinador de Protocolo, Paúl Abad, detalló que el
objetivo del contrato es dar servicio protocolar, montajes de eventos y
ceremonias, que están establecidos por reglamento en la Asamblea Nacional. “Los
precios no los pone la Asamblea Nacional, para ello se estableció un
procedimiento que está claramente detallado y subido en el portal del Sercop,
que es de libre accesibilidad para todos los ecuatorianos”, señaló.
También, aclaró que en el tema de alimentación hay un valor exuberante,
pero no se lee que adicional incluye también bebida, servicio, montaje, mesas,
sillas y menaje en general. “Se ha hecho estudio de mercado y, con apego a las
estrictas normas de transparencia” puntualizó.
Así mismo, Santiago Salazar, coordinador general Jurídico del Parlamento,
aseveró que la información es descontextualizada, ya que los precios son
referenciales y no son los precios reales, como el caso de los valores por
alimentación. A la vez, invitó a que se observen y contraste los demás ítems
que constan en el contrato que es público, el cual señala el costo unitario de
los productos que incluye logística, movilización, personal y varios
adicionales.
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