Ante la grave situación que
atraviesa el país, caracterizada por problemas estructurales como el desempleo,
la falta de vivienda, la inseguridad, la violencia, la crisis en los sectores
de salud y educación, y el colapso de los servicios públicos, es crucial
diferenciar entre los problemas coyunturales como fallas mecánicas temporales y
los estructurales, que son problemas profundos que requieren soluciones
permanentes.
Steve Villacres Salazar,
asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), se refirió a la realidad que
enfrenta la región amazónica, que juega un papel fundamental en la economía
nacional. Esta región, lamentablemente, se encuentra paralizada en muchos
aspectos clave. En el marco de la renovación de la Asamblea Nacional, Villacres
destacó que el objetivo principal es construir nuevos horizontes a través de la
creación de leyes que mejoren las condiciones de vida en la región amazónica,
sin perder de vista la realidad local. A esto, agregó que es fundamental
promover un espacio de diálogo e interacción con los ciudadanos, a través de
leyes operativas que favorezcan temas como la seguridad, la reactivación
económica, la salud, la vialidad, la educación, y la remediación ambiental.
Dentro de estos esfuerzos
legislativos, Villacres mencionó que hace pocas semanas se aprobó la Ley de
Áreas Protegidas, cuyo objetivo es preservar nuevos espacios naturales en la
Amazonía, que han sido cuidadosamente protegidos por las comunidades locales.
Esta legislación busca evitar el uso indebido de los bienes del Estado,
ofreciendo oportunidades para las comunidades que han estado históricamente
involucradas en la protección de estos territorios.
En este contexto, el
asambleísta hizo énfasis en que las necesidades de la región amazónica son
diversas, pero comparten un fondo común: promover la unidad a través de leyes
nacionales que beneficien a toda la región oriental del país.
Villacres también destacó los
desafíos que enfrenta el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), que
transporta petróleo desde la región amazónica hacia la costa del Pacífico. Este
sistema ha estado en funcionamiento durante 53 años, pero ha experimentado una
serie de inconvenientes que deben ser atendidos de manera urgente. El
asambleísta enfatizó que es crucial coordinar esfuerzos entre el Ejecutivo y el
Legislativo para garantizar una fiscalización adecuada de este recurso
estratégico para la economía ecuatoriana, funcione de manera ininterrumpida las
24 horas del día, los 365 días del año.
Un tema clave que se está
abordando es el Plan Nacional de Puentes, que busca mejorar la conectividad
vial y promover el desarrollo económico y social en la región amazónica. Este
plan incluye la construcción, reparación y reconstrucción de puentes peatonales
y vehiculares, con un enfoque en la conexión de las comunidades amazónicas y la
facilitación del transporte de bienes y personas. Villacres destacó que, específicamente
en Orellana, al Gobierno Nacional no le ha faltado voluntad, sino recursos para
la ejecución más rápida de estos proyectos.
La Troncal Amazónica (E45),
una carretera que conecta varias provincias amazónicas es otro de los puntos
críticos en cuanto a infraestructura vial. El asambleísta mencionó la necesidad
de crear una variante definitiva que no solo proteja el SOTE, sino también la
vialidad en la región, especialmente considerando los efectos del clima que
afectan la comunicación entre provincias como Napo y Zamora Chinchipe. En este
sentido, resaltó que el Gobierno Nacional recientemente declaró un estado de
emergencia en zonas como Baeza, Papallacta y San Carlos, en la provincia de
Napo, lo que permitirá agilizar las inversiones en infraestructura vial.
Ante los desafíos presentados,
el asambleísta Villacres hizo un llamado a las autoridades locales, instándolas
a intervenir, aunque no sea directamente en sus competencias, para apoyar a la
región amazónica mediante convenios con el Gobierno Central. Según las
declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, es
urgente pensar y trabajar en la creación de una variante definitiva para las
zonas geográficas más afectadas. También resaltó la necesidad de establecer
áreas protegidas, como en los casos de Limococha y Zumaco, las cuales han sido
intervenidas por grupos delincuenciales organizados. Villacres subrayó que la
ley que está en proceso de registro oficial busca proteger estos territorios,
las comunidades locales, sus bosques, y crear nuevas oportunidades para el
desarrollo y el bienestar de la población amazónica.
Otro tema fundamental es la
minería en la Amazonía. Aunque las exportaciones mineras han aumentado y la
actividad minera es clave para la economía ecuatoriana, la minería ilegal ha
tomado fuerza en la región, generando graves impactos ambientales como la
contaminación de los ríos y la destrucción de ecosistemas. Villacres subrayó
que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una responsabilidad
importante en la regulación de la minería, y que es urgente encontrar
soluciones para frenar la minería ilegal que afecta tanto a la Amazonía como a
otras regiones del país.
En relación con las refinerías
de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Shushufindi, Villacres señaló que,
inicialmente, se planteó dejar un dólar por cada barril de petróleo refinado,
pero que actualmente, gracias a la Ley Amazónica, se ha logrado un incremento a
dos dólares por barril, lo que ha favorecido el desarrollo de la región
amazónica. Esta ley tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible e
integral de la Amazonía, estableciendo condiciones para la inversión pública y
privada.
En el ámbito educativo, el
asambleísta destacó el avance hacia la creación de nuevas universidades en la
región amazónica. Actualmente, existen tres universidades en la Amazonía: la
Universidad Estatal Amazónica (UEA) en Puyo, la Universidad Regional Amazónica
Ikiam y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Sucumbíos.
Además, Villacres destacó el esfuerzo por crear cuatro nuevas universidades en
las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La
reforma a la Ley Amazónica, aprobada en enero de 2024, destina un porcentaje
del Fondo Común a la creación de nuevas universidades. Sin embargo, Villacres
señaló que el proceso ha avanzado lentamente y que es necesario que la creación
de estos centros educativos se acelere.
En cuanto a la asignación de
recursos, la Universidad Estatal Amazónica será responsable de la creación de
universidades en Sucumbíos y Morona Santiago, mientras que la Universidad
Politécnica de Chimborazo se encargará de Orellana y Zamora Chinchipe. En este
contexto, el asambleísta mencionó que se está trabajando en la creación de una
Comisión Ocasional en la Asamblea para acelerar estos proyectos.
Finalmente, en relación con
las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), Villacres mencionó que la Comisión de Gobierno
Autónomo Descentralizado está trabajando en la construcción de un informe para
el segundo debate. Esta reforma busca modificar la estructura y gestión
territorial, adaptándola a las características geográficas de la Amazonía, lo
que permitirá un mejor desarrollo y descentralización de los recursos en la
región.
Villacres concluyó haciendo un
llamado a la unidad entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para avanzar en
la creación de leyes que respondan de manera efectiva a los desafíos que
enfrenta el país, especialmente en la Amazonía. Destacó que, tras la instalación
de la nueva Asamblea en mayo de 2025, se ha demostrado un compromiso por parte
de todas las bancadas para trabajar en conjunto y abordar las cuestiones
económicas y sociales urgentes, sin distinción de banderas políticas. Este
trabajo coordinado, según Villacres, es fundamental para forjar un futuro digno
para todos los ecuatorianos, especialmente para las comunidades amazónicas.
En resumen, el asambleísta
Steve Villacres reafirmó que la clave para el desarrollo de la Amazonía radica
en la implementación de políticas públicas y leyes justas, transparentes y
adaptadas a la realidad local. La protección de los derechos de las comunidades
amazónicas, así como la promoción de un desarrollo económico sostenible, es
esencial para garantizar un futuro próspero para la región y el país en su
conjunto.
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