Legitimar y respetar los derechos amazónicos

 

Ante la grave situación que atraviesa el país, caracterizada por problemas estructurales como el desempleo, la falta de vivienda, la inseguridad, la violencia, la crisis en los sectores de salud y educación, y el colapso de los servicios públicos, es crucial diferenciar entre los problemas coyunturales como fallas mecánicas temporales y los estructurales, que son problemas profundos que requieren soluciones permanentes.

Steve Villacres Salazar, asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), se refirió a la realidad que enfrenta la región amazónica, que juega un papel fundamental en la economía nacional. Esta región, lamentablemente, se encuentra paralizada en muchos aspectos clave. En el marco de la renovación de la Asamblea Nacional, Villacres destacó que el objetivo principal es construir nuevos horizontes a través de la creación de leyes que mejoren las condiciones de vida en la región amazónica, sin perder de vista la realidad local. A esto, agregó que es fundamental promover un espacio de diálogo e interacción con los ciudadanos, a través de leyes operativas que favorezcan temas como la seguridad, la reactivación económica, la salud, la vialidad, la educación, y la remediación ambiental.

Dentro de estos esfuerzos legislativos, Villacres mencionó que hace pocas semanas se aprobó la Ley de Áreas Protegidas, cuyo objetivo es preservar nuevos espacios naturales en la Amazonía, que han sido cuidadosamente protegidos por las comunidades locales. Esta legislación busca evitar el uso indebido de los bienes del Estado, ofreciendo oportunidades para las comunidades que han estado históricamente involucradas en la protección de estos territorios.

En este contexto, el asambleísta hizo énfasis en que las necesidades de la región amazónica son diversas, pero comparten un fondo común: promover la unidad a través de leyes nacionales que beneficien a toda la región oriental del país.

Villacres también destacó los desafíos que enfrenta el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), que transporta petróleo desde la región amazónica hacia la costa del Pacífico. Este sistema ha estado en funcionamiento durante 53 años, pero ha experimentado una serie de inconvenientes que deben ser atendidos de manera urgente. El asambleísta enfatizó que es crucial coordinar esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para garantizar una fiscalización adecuada de este recurso estratégico para la economía ecuatoriana, funcione de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un tema clave que se está abordando es el Plan Nacional de Puentes, que busca mejorar la conectividad vial y promover el desarrollo económico y social en la región amazónica. Este plan incluye la construcción, reparación y reconstrucción de puentes peatonales y vehiculares, con un enfoque en la conexión de las comunidades amazónicas y la facilitación del transporte de bienes y personas. Villacres destacó que, específicamente en Orellana, al Gobierno Nacional no le ha faltado voluntad, sino recursos para la ejecución más rápida de estos proyectos.

La Troncal Amazónica (E45), una carretera que conecta varias provincias amazónicas es otro de los puntos críticos en cuanto a infraestructura vial. El asambleísta mencionó la necesidad de crear una variante definitiva que no solo proteja el SOTE, sino también la vialidad en la región, especialmente considerando los efectos del clima que afectan la comunicación entre provincias como Napo y Zamora Chinchipe. En este sentido, resaltó que el Gobierno Nacional recientemente declaró un estado de emergencia en zonas como Baeza, Papallacta y San Carlos, en la provincia de Napo, lo que permitirá agilizar las inversiones en infraestructura vial.

Ante los desafíos presentados, el asambleísta Villacres hizo un llamado a las autoridades locales, instándolas a intervenir, aunque no sea directamente en sus competencias, para apoyar a la región amazónica mediante convenios con el Gobierno Central. Según las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, es urgente pensar y trabajar en la creación de una variante definitiva para las zonas geográficas más afectadas. También resaltó la necesidad de establecer áreas protegidas, como en los casos de Limococha y Zumaco, las cuales han sido intervenidas por grupos delincuenciales organizados. Villacres subrayó que la ley que está en proceso de registro oficial busca proteger estos territorios, las comunidades locales, sus bosques, y crear nuevas oportunidades para el desarrollo y el bienestar de la población amazónica.

Otro tema fundamental es la minería en la Amazonía. Aunque las exportaciones mineras han aumentado y la actividad minera es clave para la economía ecuatoriana, la minería ilegal ha tomado fuerza en la región, generando graves impactos ambientales como la contaminación de los ríos y la destrucción de ecosistemas. Villacres subrayó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una responsabilidad importante en la regulación de la minería, y que es urgente encontrar soluciones para frenar la minería ilegal que afecta tanto a la Amazonía como a otras regiones del país.

En relación con las refinerías de Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos y Shushufindi, Villacres señaló que, inicialmente, se planteó dejar un dólar por cada barril de petróleo refinado, pero que actualmente, gracias a la Ley Amazónica, se ha logrado un incremento a dos dólares por barril, lo que ha favorecido el desarrollo de la región amazónica. Esta ley tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo condiciones para la inversión pública y privada.

En el ámbito educativo, el asambleísta destacó el avance hacia la creación de nuevas universidades en la región amazónica. Actualmente, existen tres universidades en la Amazonía: la Universidad Estatal Amazónica (UEA) en Puyo, la Universidad Regional Amazónica Ikiam y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Sucumbíos. Además, Villacres destacó el esfuerzo por crear cuatro nuevas universidades en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La reforma a la Ley Amazónica, aprobada en enero de 2024, destina un porcentaje del Fondo Común a la creación de nuevas universidades. Sin embargo, Villacres señaló que el proceso ha avanzado lentamente y que es necesario que la creación de estos centros educativos se acelere.

En cuanto a la asignación de recursos, la Universidad Estatal Amazónica será responsable de la creación de universidades en Sucumbíos y Morona Santiago, mientras que la Universidad Politécnica de Chimborazo se encargará de Orellana y Zamora Chinchipe. En este contexto, el asambleísta mencionó que se está trabajando en la creación de una Comisión Ocasional en la Asamblea para acelerar estos proyectos.

Finalmente, en relación con las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Villacres mencionó que la Comisión de Gobierno Autónomo Descentralizado está trabajando en la construcción de un informe para el segundo debate. Esta reforma busca modificar la estructura y gestión territorial, adaptándola a las características geográficas de la Amazonía, lo que permitirá un mejor desarrollo y descentralización de los recursos en la región.

Villacres concluyó haciendo un llamado a la unidad entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para avanzar en la creación de leyes que respondan de manera efectiva a los desafíos que enfrenta el país, especialmente en la Amazonía. Destacó que, tras la instalación de la nueva Asamblea en mayo de 2025, se ha demostrado un compromiso por parte de todas las bancadas para trabajar en conjunto y abordar las cuestiones económicas y sociales urgentes, sin distinción de banderas políticas. Este trabajo coordinado, según Villacres, es fundamental para forjar un futuro digno para todos los ecuatorianos, especialmente para las comunidades amazónicas.

En resumen, el asambleísta Steve Villacres reafirmó que la clave para el desarrollo de la Amazonía radica en la implementación de políticas públicas y leyes justas, transparentes y adaptadas a la realidad local. La protección de los derechos de las comunidades amazónicas, así como la promoción de un desarrollo económico sostenible, es esencial para garantizar un futuro próspero para la región y el país en su conjunto.